AGUADILLA, Puerto Rico - Agentes de la Patrulla Fronteriza adscritos al Negociado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), detuvo a cinco dominicanos que fueron interceptados por la Guardia Costera el domingo cerca de la costa de Rincón. Tres gallos fueron encontrados a bordo de la yola de madera interceptada.
José Rodolfo Morla y José Alberto Santana-Mejía, ciudadanos de la República Dominicana, comparecerán hoy ante el juez magistrado Bruce J. McGiverin, acusado de una violación al Título 8 del Código de los Estados Unidos, Sección 1326, por reincidir en ingresar ilegalmente después haber sido deportados.
a wooden canoe used in the Caribbean
"Contrabandear gallos a Puerto Rico, sin las precauciones necesarias, representa una amenaza para la industria avícola local", declaró Ramiro Cerrillo, Jefe de la Patrulla Fronteriza Destacamento de Ramey. “Nuestros agentes se mantienen atentos para evitar el contrabando de cualquier artículo que viole las leyes de los Estados Unidos.”
El 26 de mayo, agentes de la Patrulla Fronteriza de Ramey detectaron una pequeña embarcación cerca de la costa de Rincon, en el oeste de la isla. Los agentes coordinaron la interceptación con el Centro de Comando de la Guardia Costera y unidades marinas FURA de la Policía de Puerto Rico.
El escampavía Donald Horsley interceptó el barco y encontró cinco extranjeros a bordo y tres gallos.
La unidad marina de FURA, un participante de la Operación Stonegarden, ayudó a la incautación de la yola y dos motores fuera de borda.
l procesamiento de la inmigración reveló que los acusados Morla y Santana-Mejia tenían antecedentes penales y de inmigración de los EE. UU.
El Fiscal Especial de los Estados Unidos, Sean Gajewski, estará a cargo del caso por la Fiscalía de los Estados Unidos en el Distrito de Puerto Rico.
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos embargó los tres gallos.
Si son declarados culpables, José Rodolfo Morla y José Alberto Santana-Mejía enfrentan encarcelamiento por no más de 10 años, y una multa de no más de $ 250,000.
Todos los acusados son presuntos inocentes hasta que sean declarados culpables por un tribunal.